Las principales asociaciones de científicos han salido en tromba contra la decisión del Ministerio de Seguridad Social de obligar a pagar unos 290 euros por mes para recuperar, como años cotizados, los periodos trabajados con becas de investigación precarias en el pasado. En la práctica, esa medida significa que hay investigadores que tendrán que jubilarse a los 70 años si no aceptan abonar unos 17.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La Confederación de Sociedades Científicas de España considera “inaceptables” estas condiciones y exige una rectificación.