Giorgia Meloni insiste tras su primer fracaso. A pesar de los obstáculos legales y de la negativa de los tribunales italianos —basada en normas europeas—, la Marina italiana ha reanudado sus operaciones en el Mediterráneo central para recoger náufragos y trasladarlos a los centros de identificación y expulsión italianos en Albania. Todo ello, mientras continúa la batalla judicial y no se descarta que se repita el escenario del primer intento, es decir, que finalmente los jueces transalpinos invaliden la deportación y ordenen que los migrantes sean retornados a Italia. La primera ministra italiana vuelve así a desafiar a la justicia de su país, después de que, a mediados de octubre, un tribunal de Roma obligara a las autoridades a devolver a Italia a los primeros 16 migrantes enviados a Albania, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que el actual Gobierno italiano ha intentado esquivar con una decreto-ley (de validez temporal) con el que redujo de 22 a 19 los países que Italia considera como seguros y con los que, en consecuencia, se podrían aplicar los protocolos exprés de externalización de fronteras previstos por el Ejecutivo italiano.
Meloni tensa así la cuerda al máximo en un momento en el que también se ha puesto en marcha otra investigación del Tribunal de Cuentas de Italia por un posible «daño patrimonial al Estado» debido a los altos costes del plan. Un gasto que, aunque estimado, rondaría los 134 millones de euros anuales (670 millones por cinco años, periodo de duración inicial del acuerdo con Albania) por el mantenimiento de las dos instalaciones en el norte del país balcánico, y al menos 9 millones de euros para el alojamiento de los cerca de 300 miembros italianos del personal desplegados, según cifras del Gobierno transalpino. Cifras que, según la oposición, serían mucho más altas.
Noticia del día 04/11/2024