Personajes
Luis Argüello, en su discurso inaugural, evita siquiera citar el nombre y el cargo del acusado por abusos a menores, que no ha acudido a la reunión
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha evitado mencionar explícitamente a Rafael Zornoza —obispo de Cádiz y Ceuta, investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales reiterados a un menor en los años 90, cuando era rector del seminario de Getafe— durante su discurso inaugural en la Asamblea Plenaria que se celebra desde este martes hasta el viernes. Zornoza no asistió a la primera sesión, aunque podría hacerlo en los próximos días. Argüello se refirió al caso únicamente como “las últimas noticias recibidas” y volvió a apelar a la “presunción de inocencia”, tal como ya hiciera la semana pasada en Gran Canaria. Allí reconoció que la denuncia tenía “verosimilitud”, aunque también señaló la posibilidad de que se tratara de una “acusación falsa”.
En un enfoque contrario, más alineado con la idea de tolerancia cero frente a los abusos, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, declaró en una entrevista a Público que “ante casos como el del obispo Zornoza se deben aplicar medidas cautelares”. Añadió además que la Iglesia “ha aprendido o está aprendiendo” sobre la gestión de abusos a menores y que es necesario fijar parámetros “claros”. Ocho días después de que EL PAÍS revelara la apertura de una investigación vaticana, Zornoza continúa en su puesto.

En su discurso, de más de media hora, Luis Argüello se refirió al escándalo que afecta al obispo Rafael Zornoza con unas palabras medidas. “Seguiremos trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abusos en todo su recorrido de prevención, acogida, cauces para las denuncias y colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones. Recibiremos el informe de la Comisión Asesora de Reparación Integral”, señaló. Añadió que “lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto”.
El presidente de la Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de mantener “el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia, y la libertad de denuncia ante las autoridades civiles o ante la Iglesia cuando los hechos hayan prescrito en el ámbito civil”.
Argüello planteó este equilibrio como una suerte de batalla para “discernir si realmente prevalece la inocencia” o si la “denuncia tiene fuerza para seguir adelante en un procedimiento jurídico canónico”. Al caso de Zornoza —al que no mencionó directamente— le dedicó apenas media página de su discurso, unas cuarenta líneas que se tradujeron en unos cuarenta segundos. En contraste, dedicó casi diez minutos a cargar contra el aborto, al que calificó de “supuesto derecho”.
Al concluir el discurso inaugural, y ante la presencia de numerosos medios, Argüello se dirigió a una planta superior de la sede de la CEE sin hacer declaraciones. El secretario general, César García Magán, tampoco quiso responder a ninguna pregunta relativa a Zornoza, su posible destitución o los motivos por los que su nombre y cargo no fueron mencionados en el discurso. “No puedo hablar hoy; el viernes habrá rueda de prensa. Hoy tocaba el discurso inaugural”, zanjó.
La denuncia de la víctima fue presentada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe hace ya cuatro meses. A pesar de conocer la acusación desde entonces, tanto la Iglesia española como el Vaticano han mantenido a Zornoza —de 76 años— en su puesto. La Iglesia católica contaba, además, con una salida sencilla: al cumplir 75 años, el obispo presentó su renuncia al Papa, como estipulan las normas canónicas. Aunque lo habitual es que el Pontífice conceda una prórroga, en este caso podría haberse aceptado la renuncia de inmediato para actuar con rapidez ante las acusaciones.
De hecho, el artículo 1722 del Código de Derecho Canónico prevé la adopción de medidas cautelares precisamente “para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia”.


