Personajes
Se implantó en Irlanda en 1944 con la idea de que las mujeres solo trabajaban en casa y el mayor caso de éxito como herramienta para reducir la pobreza infantil es Polonia pese a su vinculación con un Gobierno ultraconservador
La pobreza en España continúa siendo un suelo pegajoso en el que siguen atrapadas casi una de cada cinco personas, pero por primera vez desde 2008 el porcentaje ha bajado de una barrera que parecía infranqueable: el 20%. La pobreza infantil, sin embargo, ha emprendido una marcha opuesta. Tras encadenar dos años de subida, casi alcanza al 30% de los niños y niñas, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“La infancia es la gran perdedora en un contexto de crecimiento económico”, denunció la organización Save the Children. Estos datos han servido a esta y otras entidades que trabajan con menores para volver a reclamar la implantación de una prestación universal por crianza, una medida que ya aplican al menos veinte países europeos desde hace años.
Dentro del Gobierno, la fracción de Sumar está convencida de que esta prestación sería la solución para revertir las alarmantes cifras de pobreza infantil. Sin embargo, su puesta en marcha aún parece lejana. Además de necesitar convencer a la otra mitad del Ejecutivo, el PSOE, tradicionalmente más reacio a otorgar ayudas al margen de la renta, las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado han retrasado los cálculos y las negociaciones necesarias para concretar la medida.
Mientras las decisiones en España están estancadas, otros países llevan tanto tiempo con la prestación que han tenido tiempo de repensarla: modificarla, ampliarla o incluso recortarla.
Irlanda y el origen de la prestación
Irlanda cuenta con una prestación universal por hijos desde 1944, diseñada originalmente bajo la premisa de que las mujeres eran amas de casa sin ingresos propios. Actualmente, la tasa de pobreza infantil en el país es del 15,2%, aproximadamente la mitad que en España.
“El objetivo de ese pago, en una época en la que las mujeres normalmente no trabajaban fuera del hogar, era garantizar que tuvieran al menos algo de dinero para cuidar de sus hijos”, explica a elDiario.es Susanne Rogers, analista de políticas familiares de Social Justice, una ONG y centro de estudios especializado en desigualdad. Pese a los cambios sociales, “la ayuda es sagrada. No puedo imaginar a ningún Gobierno que cuestione la prestación por hijos a cargo y que todos los hogares la reciban”, asegura Rogers.
Hoy en día, las familias irlandesas reciben 140 euros al mes, libres de impuestos y sin límite en el número de descendientes biológicos o adoptados, hasta los 16 años, o hasta los 18 si el menor estudia a tiempo completo o tiene alguna discapacidad. Además, se concede una ayuda adicional en el primer mes de vida o de adopción de 280 euros, que se eleva a 560 euros en caso de gemelos.
Estas medidas han posicionado a Irlanda como el tercer país europeo que más ha logrado reducir la pobreza infantil mediante políticas públicas, según los datos de Eurostat, solo por detrás de Polonia y Finlandia.
Las políticas de reducción de la pobreza infantil en España son las menos eficaces de Europa
Variación de la tasa de pobreza infantil que consiguen las transferencias en cada país. Datos de 2022
Las ayudas irlandesas a las familias han experimentado una evolución notable en la última década, en paralelo al espectacular crecimiento económico del país. Irlanda es hoy uno de los pocos Estados europeos con superávit presupuestario, fruto de la elevada recaudación fiscal procedente de las grandes multinacionales tecnológicas y farmacéuticas instaladas en la isla. Este contexto ha llevado a que el principal debate político no sea cómo ajustar las cuentas públicas, sino cómo redistribuir un dinero que sobra.
Sin embargo, la prosperidad macroeconómica convive con un problema estructural que afecta de lleno a las familias: el altísimo coste de la vivienda, disparado en parte por la llegada de esas mismas multinacionales, cuyos trabajadores han incrementado la demanda y los precios del mercado inmobiliario. Este factor se ha convertido en uno de los principales responsables del empobrecimiento de los hogares con hijos, pese a vivir en un país con crecimiento sostenido y cuentas saneadas.
El debate sobre el diseño y el alcance de las ayudas públicas sigue, por tanto, muy vivo. Aunque la prestación universal por crianza es ampliamente respaldada por la sociedad y por todos los gobiernos, la discusión gira ahora en torno a quién necesita apoyos adicionales y cómo ajustar las políticas sociales a un país donde decenas de miles de familias —en especial las monoparentales, entre las más vulnerables— tienen dificultades para llegar a fin de mes. En este nuevo escenario, el Gobierno busca fórmulas que complementen la ayuda universal sin renunciar a su carácter igualitario, pero reconociendo que no todas las familias afrontan las mismas presiones económicas.
