Diego Martínez Barrio (1883–1962) fue una figura central del republicanismo moderado y desempeñó un papel efímero pero trascendental en las horas críticas del estallido de la Guerra Civil. Político de trayectoria extensa, tipógrafo de profesión y destacado masón, alcanzó las más altas magistraturas del Estado, llegando a ser Presidente de las Cortes y figura relevante de Unión Republicana, partido que representaba el ala más centrista y conciliadora dentro del Frente Popular. En la noche del 18 al 19 de julio de 1936, ante la inminencia del golpe de Estado y tras la dimisión de Santiago Casares Quiroga, el presidente Manuel Azaña lo designó jefe del Gobierno con la esperanza de formar un ejecutivo de conciliación capaz de frenar el conflicto incipiente.
Este intento desesperado buscaba detener la rebelión mediante la conformación de un gabinete que excluyera a los sectores más izquierdistas (comunistas y socialistas) para facilitar una negociación con los militares sublevados. Martínez Barrio intentó establecer contactos inmediatos para detener el alzamiento, pero sus propuestas fueron rechazadas tajantemente por los conspiradores, especialmente por el general Mola, quien ya había descartado cualquier entendimiento con el poder civil. Su gobierno apenas duró unas horas, fracasando tanto por la negativa de los militares como por el rechazo de las organizaciones obreras a cualquier pacto, manifestado en protestas callejeras. Sin embargo, su breve actuación refleja históricamente el último esfuerzo institucional de la República por evitar el enfrentamiento abierto antes de que la situación derivara en guerra total.
Tras presentar su dimisión en la madrugada del 19 de julio, fue sustituido por José Giral, quien tomaría la decisión de armar a las milicias. A pesar de este revés, Martínez Barrio continuó ejerciendo como Presidente de las Cortes durante todo el conflicto, manteniendo la legitimidad institucional del parlamento. Tras la derrota republicana, se exilió primero en México y posteriormente en Francia. En el exilio continuó su labor política asumiendo la Presidencia de la República desde 1945 hasta su muerte en 1962, convirtiéndose en el símbolo de la legalidad constitucional y la legitimidad de la República perpetuada fuera de España.