Personajes
La temporalidad es mayor que entre los contratos realizados sin ayudas públicas
El 70,3% de los 136.276 empleos bonificados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los primeros diez meses del año era temporal. Una tasa que supera con creces el 58,3% registrado por la contratación no incentivada por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, que en 2023 reformó la regulación de esas ayudas precisamente para que se concentraran en los puestos indefinidos. Los resultados no despejan las dudas acerca de si estas ayudas son en realidad un ‘peso muerto’. Es decir, que las empresas contratarían igualmente sin recibirlas.
Los contratos bonificados han descendido un 7,5% respecto a las cifras de hace un año. Los indefinidos lo han hecho un 9,5% y los temporales un 6,8%, que entonces sumaban el 69,8% de los contratos bonificados. Es decir, en términos interanuales se produce un descenso en el número de ayudas y un cierto estancamiento en el retroceso de la temporalidad.
Aunque el Real Decreto-Ley que la contiene se aprobó en enero de 2023, la modificación no entró en vigor hasta septiembre. Si tomamos como referencia el período entre enero y octubre de 2023, cuando se produce la modificación, el total de contratos bonificados cae un 46,3% acumulado, los indefinidos un 18,1% y los temporales un 58,2%. Entonces, los temporales suponían cinco puntos porcentuales y medio más que hoy, un 75,9%.
Este retroceso del número de bonificaciones no solo es coherente con el descenso del paro en estos años, sino que era uno de los principales objetivos de la norma impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que creó un marco jurídico único que integraba los incentivos a la contratación laboral financiados con bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.
El objetivo declarado era priorizar los contratos indefinidos celebrados con personas de atención prioritaria, así como la transformación de «determinados contratos temporales» en fijos, simplificando los requisitos para las empresas. Pero también era cumplir el compromiso con Bruselas de revisar un sistema de subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral que históricamente han sido sospechosas de acarrear un efecto «peso muerto». Es decir, que las empresas contratarían igualmente sin esas ayudas.
La reforma, que tuvo una tramitación accidentada al intentar conciliar ambos objetivos, no despeja las dudas. Al menos si nos fijamos en la calidad de los empleos. Y es que, aunque la mejora desde 2023 es notable (la tasa de temporalidad se reduce en 5 puntos), la que se produjo antes fue mucho mayor. Y fue una consecuencia de la reforma laboral que afectó al total de la contratación.
Hay que tener en cuenta que cuando los cambios en los incentivos entraron en vigor, en septiembre de 2023, la reforma ya llevaba aplicándose de manera efectiva año y medio, con un impacto claro en todos los empleos, incluyendo los bonificados.
Así, en 2019 un 17,8% de los contratos bonificados eran indefinidos, frente al 9,6% de los no bonificados. En 2022, tras los cambios en el Estatuto de los Trabajadores, los primeros habían escalado al 23,3% y los segundos al 38,1%. Para 2023, el porcentaje de empleos fijos entre los incentivados por el SEPE creció unas décimas, al 24%, y en el resto había mejorado al 43,8%.
Para 2024, con el Real Decreto-ley plenamente en vigor, los contratos bonificados indefinidos suponían el 30,3% del total y los de los no bonificados se redujeron levemente, al 42,7%. Así las cosas, los datos de este 2025 confirman una estabilización en las tasas de estabilidad de ambos tipos de empleos, sin que la brecha que los separa muestre señales de reducirse.
¿Por qué son menos estables los contratos bonificados que los demás? La razón principal apunta a sus beneficiarios. La nueva normativa puso el foco en los colectivos de «personas de atención prioritaria»: desempleados de larga duración, jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, personas con discapacidad, en situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, violencia sexual y terrorismo.
Según los datos del SEPE, el grupo más numeroso de los beneficiarios de contratos bonificados es el de las personas con discapacidad, con 84.090 empleos, el 61% del total, pero de los que el 67,9% eran temporales. Le siguen, a mucha distancia, las personas en riesgo de exclusión social, que se beneficiaron de 3.933 bonificaciones de contratos (de los que el 84% eran temporales) y parados de larga duración, para los que se bonificaron 3.433 contratos indefinidos.
Contratos temporales para ‘salvar’ empleos
Se considera que las personas a las que se dirigen estos incentivos con más dificultades para acceder al mercado laboral son las que peores empleos obtienen, sobre todo aquellas cuyas circunstancias personales pueden complicar su permanencia en un puesto de trabajo. Esto explicaría que la brecha de temporalidad con el resto de trabajadores sea tan elevada.
Sin embargo, también se bonifica un elevado volumen de contratos temporales, que en muchas ocasiones tiene como objeto evitar que la actividad se resienta o el empleador amortice un puesto de trabajo cuando el empleado ‘titular’ está de permiso por nacimiento y cuidado del menor. En lo que va de 2025 se bonificaron 24.964 contratos de sustitución por esta causa, un 18,3% del total.
Le siguen los contratos de formación en alternancia, que sumaron 10.273, un 7,5% del total. Por otro lado, se incentivaron 8.899 conversiones de contratos temporales en indefinidos, lo que supone solo el 6,5% de la contratación bonificada.
En todo caso, la evolución no despeja de manera contundente las dudas sobre la utilidad de las ayudas y de la última reforma, al menos para conseguir mejores empleos para los colectivos con mayores problemas para encontrarlos. El hecho de que la reforma laboral parezca haber tenido un impacto mucho mayor en la temporalidad que los cambios en los incentivos a la contratación justificaría las voces que siguen considerándolas un ‘peso muerto’.
Estos incentivos a la contratación por cuenta ajena suponen una parte del total de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, que también incluyen las destinadas al mantenimiento del empleo y para trabajadores autónomos. En 2024 ascendieron a un total de 2.272 millones de euros, un 3,73% menos que en 2023, según el último Informe Anual del SEPE.
La contratación bonificada de personas con discapacidad supuso un 52,18% del gasto total (si bien aquí se incluyen las plantillas de los centros especiales de empleo, el denominado ‘mercado protegido’). Los otros colectivos con un mayor volumen de gasto son las bonificaciones para Investigación, desarrollo e Innovación, autónomos y el sistema especial de empleados de hogar con un 17,04%, 12,71% y 8,16% del gasto total respectivamente. También destaca el gasto en bonificaciones de contratos de sustitución, con un 3% del gasto total, aunque este porcentaje ha disminuido con respecto a 2023, cuando alcanzó un 12,17% del gasto total.
Fuente: El economista
Estudiante de cuarto de Periodismo en la Universidad de Murcia