El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció este miércoles la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en todas las comunidades autónomas donde los populares necesitan los votos de su formación. La decisión afecta a regiones como la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Castilla y León, y llega tras conocerse que el PP está dispuesto a negociar políticas migratorias con el PSOE.
Garriga criticó duramente esta posición, afirmando que Vox no participará en un «reparto de inmigración ilegal y de inseguridad» liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según el dirigente de Vox, si el PP quiere «seguir impulsando las políticas del PSOE», deberá buscar el respaldo de los socialistas para sacar adelante los presupuestos. En una visita al barrio barcelonés de Besòs-Maresme, Garriga destacó el impacto de la inmigración ilegal en la seguridad, reiterando la postura firme de su partido en este tema.
Este enfrentamiento se produce en un contexto en el que el PP y el PSOE tienen previsto reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para tratar la reforma de la ley de Extranjería y buscar un reparto más equitativo de los menores inmigrantes no acompañados que llegan al archipiélago.
Tensión en la Comunidad Valenciana por la reconstrucción tras la DANA
En la Comunidad Valenciana, la situación es especialmente delicada. El gobierno autonómico, liderado por el PP de Carlos Mazón, necesita el apoyo de Vox para aprobar unos presupuestos que son clave para la reconstrucción de las áreas afectadas por la reciente DANA, que impactó a cerca de 850.000 personas. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, hizo un llamado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios, destacando que las cuentas necesarias para afrontar la emergencia «no tienen color político».
Sin embargo, las tensiones con Vox complican el panorama. La formación de extrema derecha ha condicionado su apoyo a la eliminación de lo que consideran «gasto superfluo» y se opone a medidas como la supresión del límite salarial de los miembros del Consell. Este conflicto podría dificultar que el gobierno de Mazón avance con unas cuentas que se consideran esenciales para afrontar la crisis generada por el temporal.
Fuente: La Vanguardia
Deja una respuesta