El empresario Víctor de Aldama, señalado como comisionista clave en la trama Koldo, ha presentado un escrito al Tribunal Supremo en el que intenta validar sus afirmaciones previas sobre la implicación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En el documento, al que ha tenido acceso La Vanguardia, Aldama aporta detalles y pruebas sobre supuestos acuerdos ilícitos que incluyen adjudicaciones públicas y transacciones inmobiliarias.
Según el escrito, Ábalos habría pactado con Aldama la transferencia de un piso en el Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, como garantía de comisiones vinculadas a adjudicaciones a constructoras. Este acuerdo, firmado en abril de 2019 mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra, preveía que el inmueble se quedaría sin efecto una vez recibidas las comisiones.
Red de adjudicaciones y pagos encubiertos
El empresario detalla que tres constructoras vinculadas a Koldo García, asesor de Ábalos, resultaron beneficiadas con contratos públicos. Además, señala que se realizaron pagos a través de contratos de consultoría que encubrían comisiones. Aldama también menciona un intento frustrado de transferir un inmueble en la zona de la Cava Baja, que fue reemplazado por pagos en efectivo.
Entre las pruebas entregadas al Supremo se encuentra el contrato original del piso de Castellana, firmado por Ábalos y Aldama, además de mensajes de WhatsApp entre el empresario y Víctor Ábalos, hijo del exministro, donde se discuten detalles de la operación inmobiliaria.
Implicaciones adicionales y comisiones en Hacienda
Aldama mantiene que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habría facilitado un aplazamiento tributario a cambio de una comisión. Según el empresario, esta gestión permitió a una de sus empresas evitar un embargo inminente por una deuda de dos millones de euros. Como prueba, sugiere al juez revisar el expediente tributario y la agenda de Koldo García, quien habría gestionado las reuniones con el funcionario en 2020.
Este nuevo testimonio y la documentación entregada abren nuevas líneas de investigación en un caso que involucra altos niveles de la administración pública y podría tener importantes repercusiones políticas y legales.
Fuente: La Vanguardia
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